MEXICO SIN LEY

     El reciente diálogo entablado por el Presidente de la República Felipe Calderón y el poeta Javier Sicilia en representación de sectores importantes de la sociedad civil en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, contiene lecturas diferentes vertidas en los medios de comuncación, las de tendencia oficial alabando el encuentro como un logro inusual del Presidente y las de izquierda, anotando la resistencia al cambio en la guerra a la delincuencia y narcotráfico.  En ninguna publicación se ha expresado una postura de derecho en referencia a la Constitución de la República como norma fundamental de la actuación de la fuerza pública en el escenario actual.

     El artículo 89 de la Constitución de las Estados Unidos Mexicanos, dice expresamente en su fracción VI que las facultades y obligaciones del Presidente de la República son:   "Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada, permanente ó sea del ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación"

     La fracción VII, dice: "Disponer de la Guardia Nacional, para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.

     El artículo 76 trata de las facultades exclusivas del Senado.

     La fracción IV del arículo 76, dice:  "Dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional, fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria".

     Ya se ha comentado que la Ley de Seguridad que impulsa el Poder Ejecutivo, busca revocar la atribución del Senado y pasarla al ejército.  Así, la responsabilidad del Presidente de la Republica de haber omitido la aprobación del Senado, usando la Guardia Nacional y faltando a la legalidad que marca la Constitución en la guerra en curso en todo el territorio nacional, puede ser borrada y otorgar a posteriori una legitimidad hoy ausente.  La ilegalidad es evidente en el acto de sacar al ejército de sus cuarteles y darles funciones de policía. 

      Con este paso se ha abierto la puerta al río de atropellos, todos ilegales, que se repiten sin cesar día a día en todo el territorio de México.

      Recientemente, en una acción de intencionalidad electoral para restar presencia y penetración del PRI en el Estado de México frente a las elecciones que se avecinan en esa entidad federativa, se montó un golpe al empresario y político Jorge Hank Rohn, que vale la pena analizar a la luz de la legalidad exclusivamente.

      En el Capítulo Primero, de las Garantías Individuales de la Constitución, artículo 16, indica:  "Nadie puede ser molestado en sun persona, familia,domicilio, papeles ó posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".

       Recordaremos que los soldados del ejército allanaron el domicilio de Hank Rohn, sin considerar el artículo 16, simplemente porque tenían orden de hacerlo.  Entraron, arrasaron el espacio privado y sospechosamente hallaron un arsenal de mas de 70 armas de uso exclusivo del ejército y en torno a ese hallazgo pretendieron construir un caso suficientemente poderoso para encarcelar a Hank Rohn.

        Fué un golpe espectacular, estúpidamente construído sobre violaciones sumadas de la ley, pues el artículo 20 de la Constitución en su fracción IX dice expresamente: "Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y..."

        La fracción X continúa: "...los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio".

         De esta manera, la fuerza dirigida a destruir a Jorge Hank Rohn resultó en una pifia espectacular y ridícula, pero expone de manera peligrosa el carácter fáctico del poder que se aplica en el país. A la fecha Jorge Hank Rohn, libre,  ha recibido mas de 70,000 comunicados de adhesión y simpatía que lo perfilan a contender por la gubernatura del Estado de Baja California. El caso de Jorge Hank Rohn es un caso singular, emblemático de la ausencia del Estado de Derecho. Y lo dejamos aquí, con el énfasis únicamente en las acciones ilegales propias de un Estado Fascista.

          ¿Qué ocurre con todos los mexicanos y mexicanas que no tienen el poder ni la presencia de Jorge Hank Rohn?  ¿Podemos imaginar los allanamientos de hogares, cateos, levantamientos, arrestos que momento a momento suceden sin discriminación y pasando por alto la legalidad de esas acciones, sin mencionar las muertes de inocentes, eufemísticamente consideradas "bajas colaterales"? Inocentes que no tienen posibilidad de amparo en el poder judicial y que sus vidas son arrasadas.

          El ejército no tiene facultades de investigación ni de integración de averiguaciones previas. Son facultades exclusivas del Ministerio Público y de la Policía Judicial.  Si el ejército entrega al Ministerio Público a una persona, criminal ó no, para que se realice la investigación e integración del expediente de averiguación previa, está obligado a declarar y no lo puede hacer porque esta en flagrante violación de la ley en sus funciones policíacas que no le corresponden.  Es una situación imposible, absurda y sobre todo ILEGAL bajo la letra de nuestra Constitución.

          El combate al crimen en un Estado de Derecho, debe hacerse absolutamente dentro de la ley.  Si el Estado sale del cauce de la ley y la viola, no es mejor que el criminal al que combate.  Es un Estado criminal a fin de cuentas, con un carácter Fascista y no democrático.  La sociedad en lo aparente está siendo representada y escudada por un Estado que no está realmente protegiendo a la ciudadanía que se siente vulnerada en sus derechos y continuamente amenazada.  Estamos presenciando un Estado rebasado en sus capacidades elementales de garantizar la ley y otorgar la seguridad que la Constitución establece.  Es un Estado fallido.

          Este es uno de los reclamos principales de Javier Sicilia y de los integrantes del movimiento social que encabeza y es un punto nodal en el encuentro entre los representantes de la sociedad y los del Estado.  Fácilmente se distrae el enfoque en la responsabilidad del Estado y se dispersa en opiniones que aunque relevantes, son secundarias.  El propio Presidente ha desplegado la habilidad de mimetizarse con el reclamo social, plagiando el discurso de los ofendidos y enarbolando su causa como propia.  Es subirse en caballo ajeno en olvido de quien es el dueño de la silla:  el poeta.  Pero no hace alusión al quebranto de la legalidad del cual es artífice, persistiendo en la misma ruta con cambio de nombre, ya no es guerra sino "combate al crimen". 

          Se cruzaron dos senderos opuestos y a pesar del diálogo, seguirán en direcciones diferentes.  Esto lo tienen claro los protagonistas, a pesar de lo dicho en el Castillo de Chapultepec.  Sigue una mayor organización, movilización y articulación del proyecto que aún no cobra la formalidad necesaria como para fundamentar peticiones contundentes y proponer cambios definidos, sin embargo se perfila ya la resistencia civil.

          En suma, la ley de la tierra en que vivimos no existe, o se utiliza conforme a los intereses particulares de quienes la pueden manipular: los grupos de poder.  No existe una democracia real, sino una máscara que esconde detrás un estado autoritario, ultraderechista de carácter fascistoide, una oligarquía cleptocrática sin sentido humanista de ningun tipo, al margen de la ley que pretende ser lo que no es ni nunca será:  un Estado fuerte, democrático, humanista y sobre todo de Derecho, fundado en la Constitución y vigilante de la misma.