Ha existido un debate y postergación de la Ley de Seguridad que la Presidencia de la República ha enviado al Congreso para su consideración y aprobación.
¿Realmente conocemos qué se pretende obtener con la Ley de Seguridad?
Tengo en mis manos un ejemplar impreso y actualizado de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 89 describe las facultades y obligaciones del Presidente.
La fracción VI, dice: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada, permanente ó sea del ejercito, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
La fracción VII, dice: Disponer de la Guardia Nacional, para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.
El artículo 76 trata de las facultades exclusivas del Senado.
La fracción IV del artículo 76, dice: “Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional, fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria”.
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La Ley de Seguridad busca revocar la atribución del Senado y pasarla al ejército.
De esta manera, la responsabilidad que tiene el Presidente de la República de haber omitido la aprobación del Senado, usando a la Guardia Nacional y faltando a la legalidad que marca la Constitución en la guerra en curso en todo el territorio nacional, puede ser borrada y otorgar a posteriori la legitimidad de su decisión.
Con la Ley de Seguridad se pretende legalizar lo que es ilegal hasta ahora: haber sacado al ejército de los cuarteles y darles funciones de policía.
Todas las consecuencias de esta ilegalidad recaen sobre la Presidencia.
Por lo tanto, todas las demandas planteadas en los tribunales nacionales ó internacionales que puedan darse ante las injusticias cometidas durante esta guerra, señalarán únicamente a una persona: al Presidente de México.
Nuestro Presidente se halla altamente vulnerable ante las indagaciones y responsabilidades que los tribunales señalen, en tal caso.
Si el propio Presidente, quien debiera ser ejemplo de legalidad no respeta la ley, no es de extrañar que el respeto de la ley sólo resida en la conciencia personal y no como un instrumento de paz social. La ruptura de la ley es tumultuosa en México.
Aun más, si al ejército se le faculta para operar saltando al Senado de la República, se abre la puerta para la toma de poder bajo el pretexto de la Seguridad Nacional amenazada.
Hay que recordar que la debilidad de las Instituciones del Estado destruye el ejercicio de la democracia y favorece la aparición de dictaduras militares.
¿Es lo que realmente deseamos los mexicanos?
